El 'escándalo de la duquesa' tumba a Moix pero el programa Catalá-Marchena sigue

MadridManuel Moix, 59 años, ha caído al vacío propulsado por el llamado escándalo de la duquesa o la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, o Duquesa Financiera de Ultramar, que comparte con sus hermanos, ¿pero se ha derrumbado con él también el programa que le llevó a Anticorrupción?

Moix llevaba una vida tranquila en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, tras estar a cargo de la Fiscalía de Madrid y de ser fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos cargos entre 2003 y 2015.

Le quedaba por obtener la categoría más alta del escalafón: fiscal de sala o algo más de 120.000 euros brutos anuales de retribución, equivalentes al de magistrado del Supremo.

Pero esa breva llegaría más pronto que tarde. Y una mañana de octubre de 2016 fue el día y la hora señalada. Antonio Salinas, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, había resuelto jubilarse al cumplir los 70 años. Salinas, después de 13 años, no pediría la prórroga de 2 años que le permitiría continuar. La familia, los nietos, esos fueron los argumentos. ¿Presiones? Al parecer, no.

El Ministerio de Justicia descorchó el champán y festejó la jubilación de Salinas: no había que echar a nadie, solo se necesitaba poner a la persona adecuada para que a la Fiscalía Anticorrupción, tras “afinarla”, no la reconociera ni la madre que la parió.

Y el hombre esa jornada de octubre ya estaba cantado: Manuel Moix. Había presentado su candidatura en 2013, cuando era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando se presentó la renovación de Salinas. Pero el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya lo tenía dicho. Si Salinas quería se le renovaría. Moix se presentó al concurso –que nunca es vinculante- y visitó a Torres-Dulce.

“Ya sé Eduardo que si Salinas quiere será renovado, pero me estoy presentando para que mi nombre comience a sonar”, le dijo Moix. Esa apuesta se frustró, pero sus padrinos tomaron nota. Entre ellos estaba Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid. En efecto, Salinas fue renovado, como estaba previsto, en diciembre de 2013, de forma unánime.

Moix pasó en 2015 a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. No tenía prisa. A sus 57 años, podía esperar a que cayera la breva de la Fiscalía Anticorrupción con la jubilación de Salinas en 2016 o, como máximo, si solicitaba la prórroga de dos años, en 2018. Con el PP en el Gobierno era una apuesta segura, después de largos años de servicios en Madrid, tras la destitución de Mariano Fernández Bermejo a finales de julio de 2003.

Un día de octubre llegó el día. Una persona de gran relevancia política lo citó: “Manuel preséntate al concurso, la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción es tuya”.

Había trabajado Moix en la época del fiscal general del Estado Jesús Cardenal, durante el gobierno de Aznar, en la secretaría técnica de la FGE, junto con Manuel Marchena, fiscal jefe de “la técnica”, como le llaman al gabinete del fiscal general del Estado. Y ahora, en 2016, Marchena era, desde la presidencia de la Sala Segunda del Supremo, el cerebro del nuevo mapa que el gobierno de Rajoy, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quería trazar en la Fiscalía y la judicatura.

Marchena consiguió persuadir al Gobierno de que no era eficaz nombrar a Consuelo Madrigal, procedente de la carrera fiscal, nueva FGE por un periodo de cuatro años. Catalá sabía que Madrigal quería que Alejandro Luzón fuera el nuevo fiscal jefe Anticorrupción y que Javier Zaragoza renovase en la Audiencia Nacional. Marchena, en cambio, aconsejó: mejor alguien fuera de la carrera. Un magistrado: su amigo de la Sala Segunda José Manuel Maza. Y fiscal jefe Anticorrupción: otro amigo, Manuel Moix.

Moix se estudió el plan. Lo primero era apartar, por indicaciones políticas de arriba, a los fiscales

del 3%: José Grinda y Fernando Bermejo. Nada más llegar, Moix preguntó por algunas personalidades de la vieja Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Una de ellas, Germà Gordó, había sido objeto de una exposición razonada ante el TSJ de Cataluña, rechazada en enero de 2017. Estaba en danza un segundo intento.

Tras escuchar a los fiscales, Moix se puso a trabajar. No llevaba veinte días. El 28 de marzo de 2017, recibió a dos presuntos delincuentes que denunciaban a Grinda y a Bermejo, y envió las declaraciones a la fiscalía del Tribunal de Justicia de Cataluña por si hubieran delitos. Nada les dijo a los fiscales.

Tres días después, el 31 de marzo, Moix se reunía con Javier Iglesias, el nuevo abogado de la familia Cierco de Andorra y con Higini Cierco, accionista principal de la intervenida Banca Privada de Andorra (BPA). Ambos estaban relacionados con las denuncias contra Grinda y Bermejo.

Le faltó tiempo para citar a su despacho a los dos fiscales. Fue el 6 de abril. "He decidido que no sigáis en la investigación". ¿Razones? Ninguna. El 18 de abril, antes de celebrarse la junta de fiscales sobre la operación Lezo, Moix fue definitivo. "Acabo de firmar el decreto que os aparta del caso". ¿Motivos? Nada.

Los fiscales pidieron amparo ese mismo día al fiscal general del Estado y el tema saltó al Consejo Fiscal del 3 y 4 de mayo. Maza decidió que en medio de la rebelión del caso Lezo era mejor enfriar la situación.

Ya se les cargaría pero había que esperar. Dijo que como estaba pendiente un informe sobre la posibilidad de que la causa del 3% de la vieja CDC -nueve piezas separadas, varios procedimientos- pasase a la Audiencia Nacional desde el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, ya tomaría en ese momento la decisión sobre el decreto de Moix del 18 de abril.

El informe, favorable a que el caso pase a ser competencia de la Audiencia Nacional, ya lo tiene Maza en su mesa de la FGE desde hace quince días. Y, al parecer, había adoptado, antes del escándalo de la duquesa, la sociedad panameña de Moix y sus hermanos, la decisión de apartar a Grinda y a Bermejo.

En paralelo, como parte del plan de desquiciar a la Fiscalía Anticorrupción, ha resucitado Ignacio Peláez, el ex fiscal y abogado que, con el apoyo en la sombra del zar del Partido Popular en los juzgados, Federico Trillo, ayudó a enterrar la carrera del juez instructor de Gürtel, Baltasar Garzón. Peláez ya disemina a estas horas basura contra uno de los fiscales del 3%, José Grinda.

La sustitución de Moix exige convocar un nuevo concurso, aunque su resultado no es vinculante. Entre los candidatos que el PP puede escoger: el fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, un hombre que ha trabajado con Marchena y con Moix en la secretaría técnica de la FGE y que Marchena quería para sustituir a Zaragoza en la Audiencia Nacional; otra posibilidad es Jesús Caballero Klink, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde septiembre de 2015, cuando sustituyó a Moix.

Luzón, el fiscal que quería Consuelo Madrigal al frente de Anticorrupción, aunque cuenta con todos los títulos y templanza para ser el hombre y cuyo recibimiento sería balsámico, es una figura que sigue inspirando miedo en el PP.

La caída de Moix no es un episodio baladí. Su ascenso fue una operación diseñada por un grupo de influencia dentro del PP formado por Marchena, Enrique Arnaldo, Adolfo Prego, Moix y Maza, con conexiones en medios de comunicación, a los cuales aprovisionan de información, siempre con el sesgo pertinente. Algunos de ellos aparecen en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil a Ignacio González y Eduardo Zaplana.

Está por ver si la influencia que tenían sobre Catalá- a la vista de los resultados- se deteriora o, por el contrario, se mantiene. Y también por comprobar los errores que pueda seguir cometiendo Maza, tras afirmar, al anunciar la dimisión de Moix que intentó convencerle sin éxito, de que permaneciera en su puesto. Si Maza todavía ignora por qué un fiscal jefe Anticorrupción no puede participar de una sociedad panameña, Catalá sigue teniendo, como mínimo, un problema.