Misión imposible (ed. 2017)
La operación diálogo, hecha sólo de gestualidad, intenta que la parte catalana aparezca como la que no tiene voluntad de diálogo y la esgrima se hace de cara a la comunidad internacional
“Cumplirán el déficit, consejeros. ¡No vamos a entrar ahora en que si pitos y flautas y flautas y pitos!” Con la sal que lo caracteriza, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se negaba sistemáticamente a negociar los objetivos de déficit. Tampoco había cambios en los recursos relacionados con el sistema de financiación, pese a que por ley se preveía que el modelo de 2009 fuera revisado en 2013 y entrara en vigor el año siguiente. De manera sistemática, durante los años salvajes de la crisis Montoro imponía a las comunidades autónomas en los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) objetivos de déficit incompatibles con las responsabilidades de prestar servicios sociales básicos como la salud, la enseñanza o hacer políticas de transporte, medio ambiente y vivienda.
Las tuberías
Paralelamente, el ministro repetía públicamente que la financiación no se revisaría hasta que no se pudiera "poner recursos a las tuberías del sistema". Es decir, inyectar más dinero a todas las comunidades. Más recursos para todos, que le permiten cumplir dos objetivos. Por un lado, evitar que el Estado tenga que asumir los ajustes que le habría supuesto devolver más dinero a las autonomías (la distribución vertical) y, por otro, evitar los riesgos políticos derivados de la necesidad de aplicar criterios de equidad entre las comunidades para acabar con un sistema no sólo caducado, sino desequilibrado, opaco y, sobre todo, arbitrario. Huir de la responsabilidad de afrontar un sistema que castiga a las comunidades del arco mediterráneo y premia a Extremadura, Cantabria y La Rioja.
El gobierno del PP ha favorecido en la arena pública una batalla de gladiadores autonómicos dispuestos a luchar entre ellos por una décima de déficit. Mientras tanto el gobierno central mejoraba los recursos del Estado con aumentos de impuestos que no han repercutido en Cataluña en un euro de más, por la estructura opaca de los fondos que constituyen un sistema pensado para mantener el statu quo de las principales reservas de votos de los dos grandes partidos españoles.
Las autonomías del PP mantuvieron la disciplina de partido y los tenues lamentos del PSOE y la observación indolente del País Vasco y Navarra, desde la comodidad del concierto económico, permitieron que el PP sustituyera la reforma del sistema de financiación por el fondo de liquidez autonómico (FLA).
En un escenario de mercados de deuda cerrados, sólo el Estado, que recauda y tiene verdadera capacidad legislativa sobre los principales impuestos, podía endeudarse. Así proveyó recursos, liquidez, con cuentagotas. Sin matar al enfermo, dejándolo estable dentro de la gravedad, pero con episodios en los que el paciente perdía el pulso y cerraban empresas, se hundían los autónomos y se tensionaba la sociedad.
El gobierno del PP abre ahora, con la recuperación de la economía, una reforma del sistema de financiación, pero sin cambios en la estrategia.
El pulso de los últimos años ha permitido un debate crudo y son muchos los que admiten que las finanzas españolas no se pueden permitir dos conciertos como el vasco en el inexistente caso de que el gobierno del PP se lo planteara para Cataluña. Ficción. Los recursos son finitos y salen de Cataluña, Baleares y Madrid. En este último caso gracias al dopaje económico que significa el efecto capitalidad de un estado donde las autopistas en quiebra se rescatan y grandes servicios de Madrid los presta el Estado. Donde el capitalismo de amigos llega a niveles de filigrana.
El ARA ha visitado la comunidad con más peso del sector público en su economía y la que obtiene más recursos. Contribuye al sistema en el número 14 de un total de 15 y recibe recursos, corregidos con el coste de la vida, en el primer lugar del ránking. Los extremeños aportan 1.537 euros per cápita y obtienen 3.324.
La financiación actual perpetúa las desigualdades a pesar de los esfuerzos continuados y no favorece los tractores económicos.
¿Participar en la negociación?
La operación diálogo, hecha sólo de gestualidad, intenta que la parte catalana aparezca como la que no tiene voluntad de diálogo y la esgrima se hace de cara a la comunidad internacional. Pero la reforma y los argumentos llegan tarde. La opinión pública catalana está lejos de poder aceptar una reforma superficial de la financiación. La asistencia del presidente de la Generalitat a la Conferencia de Presidentes no tendría sentido en el momento actual. Cataluña debe exigir la bilateralidad al más alto nivel. Pero también debe participar en las negociaciones allí donde se decida el destino de los impuestos que pagan los catalanes y que recauda el Estado. Incluso con el convencimiento de que es un trabajo inútil porque esta es en gran medida una cuestión de confianza y lealtad institucional.
A pesar de las tensiones por la falta de recursos, la situación económica no explica el proceso político vivido en Cataluña. Aunque algunos partidos pretendan simplificar la situación y reducirla a un tema puramente crematístico. Cataluña no es la caricatura con la que la simplifica la mayor parte de la política española, que la utiliza de excusa para no tomar decisiones complejas y estables en el tiempo, respetuosas con la identidad, la lengua y la soberanía de Cataluña. La reforma de la financiación se debe hacer en el entretanto, pero llega demasiado tarde.
